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Es la gavilla que asuela a Cabín 9. A tres de ellos les dieron prisión preventiva por 60 días como partícipes de una asociación ilícita, otros tres firmaron juicios abreviados y dos más lo harán en breve.

 En una maratónica audiencia que se prolongó a lo largo de seis horas, la Justicia analizó ayer las medidas cautelares aplicables a los sindicados como integrantes de la banda de Los Cuatreros, una gavilla asentada en el barrio Cabín 9 de Pérez que tiene a maltraer a los vecinos de esa zona y el oeste rosarino y que están imputados en al menos 18 hechos. A tres de ellos les dictaron prisión preventiva por al menos 60 días como partícipes de una asociación ilícita conformada para cometer distintos delitos. Otros tres acordaron procesos abreviados en los que reconocieron los delitos y aceptaron penas de hasta 3 años de cumplimiento condicional a una semana de ser detenidos. Y a los dos restantes les dictaron prisión preventiva de hasta 10 días debido a que sus abogados tramitan procesos abreviados que se cerrarán en los próximos días.

   La del viernes fue una jornada en la que buena parte de los protagonistas de la audiencia donde se ventiló el accionar de Los Cuatreros se fueron sonrientes. El fiscal Fernando Dalmau, de la Unidad de Investigación y Juicio, porque presentó una acusación que terminó con el apuntado como líder de la gavilla con prisión preventiva, tres condenas en un proceso abreviado y dos más en vías de homologación. El vaso medio vacío es que todas las sentencias fueron de ejecución condicional porque así lo prevén los delitos que se les imputó a los detenidos y éstos no tienen antecedentes. Por eso los abogados defensores que representan a los beneficiados con los juicios abreviados también sonrieron ya que sus clientes cumpliran penas fuera de prisión, tal cual lo prevé la ley.

Una historia diaria. En una sala luminosa, con aire acondicionado y asientos cómodos, se trató de decodificar la realidad en la conviven los vecinos de Cabín 9 para desentrañar qué medidas cautelares le cabían a los detenidos en un rimbombante procedimiento que incluyó 24 allanamientos realizados hace una semana en Pérez.

   Del trámite acusatorio y las réplicas de las defensas se pudo acceder una vez más a la historia de víctimas y victimarios conviviendo en un mismo territorio caliente, muchas veces dominado por la ley del más fuerte. Con gavillas que se mueven por las calles del barrio buscando monopolizarlas y ponerlas bajo su dominio. Con vecinos asustados que se presentaron a denunciar primero y luego a ratificar sus dichos en sede judicial. Con muchachos que, si bien son primarios en el delito y de corta edad, volverán a caminar por las calles de Cabín una semana después de haber sido detenidos por delitos de alto impacto vecinal como los realizados con arma de fuego, el abuso de armas, las amenazas calificadas y el daño calificado. Es que el menú del Código Penal no alcanza para dar respuestas en la complejidad del territorio.

El jefe y los otros. Por orden de importancia según la acusación hubo que esperar hasta la mitad de la audiencia, en la que fueron desfilando los acusados de a uno, para observar al principal apuntado en la causa: Roberto Antonio Cabrera, alias “El narigón”, de 36 años y apuntado como líder de una asociación ilicita que amedrentaba a vecinos para ocupar sus casas con fines ilegales. Junto a él se sentó su hijo Matías Antonio, de 18 años, asistidos por el abogado Lucas Wojtasik. Al pedido de prisión preventiva sin plazos, el defensor apuntó de lleno al delito de asociación ilícita e indicó: “Este no es un problema de bandas sino de familias. Este es un problema entre los Bullón y los Cabrera”. Y basó su estrategia defensiva en que varios de los testigos de cargo contra El narigón y su gente eran parientes de los Bullón.

   El narigón fue mencionado como partícipe necesario en el doble crimen de Guillermo Benítez, de 18 años; y de Mario Inocencio Bullón, de 32, ocurrido en la madrugada del 14 de diciembre de 2014 en Aguaribay al 200, donde hubo un enfrentamiento armado entre dos grupos: Los Cuatreros (Cabrera) y Los Stinfler (Bullón). “Hemos acordado con el fiscal Rafael Coria un proceso abreviado para los dos detenidos en el caso (uno por cada bando) a 5 años y medio de prisión que será presentado para su homologación”, indicó Wojtasik. También indicó que no se secuestraron armas de fuego en la viviendas de sus clientes, apuntando de lleno a los agravantes sobre los delitos de los que se acusa a sus representados.

   El juez Juan Andrés Donnola, a la hora de analizar los actos, le dio la derecha a la Fiscalía recordando que no se estaba en una audiencia de debate, algo que debió reiterar varias veces. Y tras escuchar a las partes le dictó prisión preventiva sin plazo a El narigón y por 60 días a su hijo Matías. El tercer imputado con prisión preventiva fue Jonatan Martín V., alias “Caballo”, de 20 años, quien llegaba con una flamante medida cautelar por el homicidio de Mario Alberto Lucci, ocurrido la medianoche del 20 de febrero pasado en Pérez (ver aparte). Caballo está acusado por delitos con el uso de arma de fuego. Si bien la defensora oficial Luisa Cañavate intentó desvirtuar la acusación del fiscal Dalmau, el juez Donnola también le dictó preventiva sin plazo.

Firman y a la calle. A la hora de hablar de los procesos abreviados, el primero en homologarse fue el de Nicolás Monserrat, de 19 años, imputado de haber participado en media docena de delitos con el uso de arma de fuego. Asesorado por el abogado José Luis Abichain Zuain, firmó un abreviado por 3 años de cumplimiento condicional. Le siguió Facundo Luis San Pablo, de 20 años, asistido por Rubén Navas y Guillermo Rucci. El joven acordó una pena de 1 año y 6 meses de cumplimiento condicional por un robo simple y por haber manejado una moto en la que circulaba un tira tiros.

   El tercer proceso abreviado fue para Ignacio Alejandro Ojeda, de 28 años, quien fue representado por Claudio Tavella. También acordó una pena de 3 años de ejecución condicional por delitos como abuso de arma. Para llegar a ese monto de pena se valoró que los condenados son personas jóvenes y primarios en el delito, entre otras motivaciones.

   Otros dos sindicados como integrantes de la gavilla Los Cuatreros comenzaron a negociar minutos antes de la audiencia un proceso abreviado, lo que tuvo su correlato en el dictado de la prisión preventiva. Rubén Ismael A., de 20 años, asistido por la abogada Lucrecia Valenti, fue acusado por abuso de armas, encubrimiento y amenazas coactivas. El juez Donnola, tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensora, le dictó 10 días de prisión preventiva ya que las partes indicaron que el proceso abreviado estaba encaminado.

   Finalmente Nelson Nahuel O., alias “El negro”, de 20 años y representado por los abogados Navas y Rucci, corrió con la misma suerte. El negro además de delitos con uso de armas tenía una denuncia por golpear a su ex novia, de 17 años, y pasará diez días tras las rejas.

 

Fuente: La Capital