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Los fiscales que investigan por asociación ilícita a integrantes de la narcobanda pidieron el decomiso a favor del Estado santafesino de los inmuebles y vehículos secuestrados a la organización en distintos allanamientos realizados en Rosario y localidades vecinas.

Los fiscales que investigan por asociación ilícita a integrantes de la narcobanda Los Monos pidieron el decomiso a favor del Estado santafesino de los inmuebles y vehículos secuestrados a la organización en distintos allanamientos realizados en Rosario y localidades vecinas, informaron hoy fuentes judiciales.

"Se trata de siete propiedades y sesenta vehículos que fueron secuestrados a lo largo de la investigación, adquiridos a partir de la actividad delictiva de la organización conocida como Los Monos", explicó hoy el fiscal Gonzalo Fernández Bussy, quien investiga a la banda junto a su par Carlos Covani.

Covani dijo hoy a Télam que la presentación se efectuó el lunes último ante el juzgado en lo Penal de Sentencia 6 de Rosario, que deberá resolver el planteo del ministerio público.

"Se trata de una presentación en la que a nuestro entender probamos que los bienes fueron adquiridos con dinero provenientes de asociaciones ilícitas que a lo largo del juicio no pudieron ser justificadas por los imputados", dijo Fernández Bussy en declaraciones a Radio2-Rosario.

Asimismo, Covani explicó que "el decomiso se hace diariamente en la Justicia, cuando se dicta sentencia y hay bienes que se utilizaron para cometer el delito o son producto del mismo", procedimiento que está regulado por el artículo 23 del Código Penal.

"Lo que planteamos –abundó- es que existe sentencia condenatoria contra algunas personas en relación a la causa por asociación ilícita, por lo tanto se puede empezar con los decomisos".

Se trata de una megacausa por asociación ilícita y otros delitos en la que en 2014 fueron procesadas 36 personas entre integrantes de Los Monos y miembros de fuerzas de seguridad acusados de complicidad y colaboración.

Cuatro de ellos solicitaron la suspensión del juicio a prueba -o "probation"- mientras que otros 14 acordaron en abril un juicio abreviado con reducción de penas que fueron de los 9 a los 3 años de prisión.

Sin embargo, un tribunal de alzada declaró nula una parte del acuerdo que incluía el homicidio de Diego "Tarta" Demarre (34) y beneficiaba al jefe de la banda, Ariel Máximo "Guille" Cantero (27), y a sus lugartenientes Emanuel "Ema" Chamorro (27) y Leandro "Gordo" Vilches (29), acusados y procesados por ese asesinato.

Covani entiende que el juzgado de Sentencia 6 puede avanzar en el decomiso de los bienes en relación a las personas que firmaron el juicio abreviado y por lo tanto fueron condenadas.

Distinta es la situación de "Guille" Cantero, Chamorro y Vilches por el crimen de Demarre, atento a que otro fiscal rosarino, Luis Schiappa Pietra, pidió esta semana que sean enjuiciados por ese homicidio cometido en presunta venganza por el asesinato de Claudio "Pájaro" Cantero (27), en mayo de 2013.

Entre los bienes inmuebles a decomisar a favor del Estado, según el expediente, figuran una casa quinta de tres hectáreas ubicada en la localidad de Pérez, lindera al oeste con esta ciudad y viviendas ubicadas en distintos barrios rosarinos y en las localidades de Funes y Granadero Baigorria.

En tanto, entre los 60 vehículos secuestrados a la banda liderada por la familia Cantero, hay diez Volkswagen Bora, dos BMW, dos Toyota Hilux, un Mini Cooper, dos Audi A4, un Fiat 500, 20 motos de diferentes cilindradas, cuatriciclos, dos lanchas y varias motos de agua.

Según precisó Covani, "en algunos casos (los bienes están registrados) a nombre de familiares de los imputados, que consideramos que son testaferros".

En otros casos son los mismos imputados los titulares de los bienes secuestrados y también existen otros a nombres de terceros que nunca fueron reclamados, o poseen denuncia de ventas.

"Se trata de quitarles poder económico a las bandas. Estoy de acuerdo", expresó esta mañana el Ministro de Seguridad de Santa Fe, Máximo Pullaro, al ser consultado por la presentación fiscal.

Además consideró que, de lograrse el decomiso, el Estado santafesino "deberá decidir sobre los mismos y destinarlos a fines solidarios".